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El Tribunal de Cuentas critica las "encomiendas de gestión" del Gobierno

12 enero 2015

El Tribunal de Cuentas dio a conocer recientemente el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Cantabria del ejercicio 2012. En él, uno de los aspectos que analiza es el de los contratos realizados por la Administración regional, detectándose la existencia de buen número de anomalías. Vamos a fijarnos ahora en las "encomiendas de gestión".

El Tribunal de Cuentas destaca cómo se recurre a las encomiendas de gestión de obras y servicios a empresas públicas, creadas muchas de ellas al efecto, lo que «implica la aplicación de un régimen jurídico que resulta mucho menos riguroso, incluso cuando los entes instrumentales son poderes adjudicadores, que el previsto para los contratos administrativos de los citados tipos celebrados por las Administraciones Públicas».

Estas encomiendas de gestión son realizadas, además, a empresas públicas que, en ocasiones, no disponen de los medios adecuados, ni humanos ni materiales, para llevarlas a cabo por lo que son meras intermediarias, que proceden a su adjudicación a un tercero, para evitar esa mayor rigurosidad de los contratos administrativos. Y no sólo eso: en determinados casos se han excedido en sus atribuciones comprometiendo a la Administración, como sucedió en uno de los casos que analiza el Tribunal.

Se trata de la encomienda de gestión realizada por la Consejería de Medio Ambiente a la empresa pública MARE para la gestión de determinados servicios en materia de residuos urbanos y hospitalarios. La encomienda, realizada en junio de 2006, fue realizada por seis meses, procediéndose a sucesivas prórrogas por iguales periodos hasta que en diciembre de 2011 se prorrogó por un año.

Logo de MARE Pues bien. MARE, «que carecía de los medios humanos, materiales y técnicos necesarios» para realizar la encomienda, formalizó en junio de 2012 un contrato para la «gestión de los servicios de recogida y transporte de residuos urbanos y asimilables generados en la zona Oriental de Cantabria al centro de tratamiento de Meruelo, incluyendo el lavado, mantenimiento y reposición de contenedores, con una duración de 8 años, prorrogables por otros dos, lo que excede notablemente el periodo de duración de la encomienda de gestión que da soporte a la contratación».

Vemos, pues, cómo, terminando en diciembre de 2012, seis meses después, la encomienda de gestión, se contrata por ocho años, que pueden ser diez. Como consecuencia de ello, si la Consejería de Medio Ambiente no renovara la encomienda de gestión y optara por prestar o adjudicar directamente el servicio, MARE -o, lo que es lo mismo, el propio Gobierno de Cantabria- podría tener que hacer frente a responsabilidades económicas con la empresa a la que se le ha adjudicado por tantos años.

Detecta también el Tribunal en ese contrato otros errores que demuestran que, pese a estar empleando una sociedad como intermediaria, se utilizan criterios propios de las administraciones. Como dice el Informe, «en los Pliegos de dicho contrato se establecen también diversas condiciones típicas de los contratos administrativos de gestión de servicios públicos y que implican, en algunos casos, el ejercicio de potestades administrativas. Así, se prevé que MARE ostentará las potestades de incautación de los medios materiales y personales de la empresa adjudicataria en caso de incumplimientos de ésta, la potestad sancionadora, la potestad de suprimir o rescatar el servicio, así como la modificación y resolución del contrato, con efectos inmediatamente ejecutivos».

El caso de este contrato de MARE es un ejemplo de cómo funcionan las encomiendas de gestión a las sociedades públicas. El Tribunal de Cuentas lamenta que, pese a haber incluido ya en el informe anterior de 2010-2011, «la crítica centrada en la ausencia de medios personales y materiales para ejecutar directamente la actividad que se encomendó a las citadas empresas ("medios idóneos para su desempeño"), razón que justificaba el encargo del órgano encomendante a la sociedad encomendada, no se ha apreciado un cambio en el ejercicio fiscalizado».

Y sigue: «Tampoco se ha recibido documentación adicional de las Administraciones encomendantes donde se acreditasen las razones de eficacia o la falta, o inconveniencia, de la ampliación de los medios técnicos idóneos para el desempeño de la actividad de su competencia».

Por tanto, el Informe del Tribunal de Cuentas no deja en buen lugar el uso de este tipo de contratación por las Administraciones cuando, como en el caso reseñado, queda claro que la sociedad es un mero intermediario que se utiliza para flexibilizar los requisitos de la contratación administrativa. Fue el anterior gobierno regional, presidido por Miguel Ángel Revilla, el que potenció la creación de este tipo de sociedades públicas en Cantabria pero, como vemos, el de Ignacio Diego sigue utilizándolas sin cumplir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.


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