EN DOS PALABRAS

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Antes de entrar a hacer una valoración sitúo un poco el tema. Todo arranca con la decisión de construir la urbanización, junto a la Playa de La Arena, en parte de los terrenos ocupados por un encinar costero de alto valor ecológico. Mientras el Ayuntamiento de Arnuero autorizó la construcción y, si no recuerdo mal, el silencio administrativo de la Comisión Regional de Urbanismo permitió la recalificación a urbanos de los terrenos, los ecologistas emprendieron una importante campaña de oposición (las pintadas de "boicot a Cenavi" -empresa constructora de la urbanización- aparecieron por doquier) que incluyó hasta un encadenamiento a las excavadoras que preparaban los terrenos, sin olvidar la vía legal. Fruto de ésta, fue la sentencia a que alude la que ahora comentamos que ordenaba la demolición de la urbanización. Parece ser que constructora y Ayuntamiento de Arnuero dieron seguridad a los compradores de que los recursos contra el derribo prosperarían y de que, en todo caso, los chalets quedarían legalizados. Con posterioridad, se comprobó que no fue así y el derribo se hizo ineludible, lo que llevó a los propietarios -y también a las empresas constructora y promotora- a demandar del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria una indemnización por los perjuicios causados.

Es esta demanda la que resuelve ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, denegando esa indemnización a los propietarios que firmaron el contrato de compraventa con posterioridad a la primera sentencia de derribo, algo que parece completamente lógico. Quien compra una vivienda siempre procura informarse adecuadamente de que está en las debidas condiciones y de que la compraventa cumple todos los requisitos legales (por eso, por ejemplo, si se trata de una vivienda usada se va al Registro de la Propiedad a comprobar que el vendedor es quien figura como propietario). Por tanto, los que compraron los chalets de la Playa de la Arena sabían perfectamente cuál era la situación y, por muy buenas palabras que les dieran los vendedores y, en su caso, el Ayuntamiento, nunca debieran haber firmado la compraventa o, de hacerlo, debieran haber exigido que se les aseguraran las cantidades entregadas para el caso de que no pudiera impedirse el derribo. Si no lo hicieron así y firmaron, sabiendo la importante losa que pesaba sobre la urbanización, deben asumir las consecuencias y reclamar, en todo caso, a quien se lo vendió.

La importancia de la sentencia radica en su carácter ejemplificador de cara al futuro. Cuando en Cantabria se siguen construyendo multitud de urbanizaciones, cuando las organizaciones ecologistas siguen denunciando muchas de ellas ante los tribunales por violar la legislación vigente, cuando muchas de las sentencias a estas denuncias están dando la razón a los denunciantes y ordenan el derribo de lo ilegalmente construido..., esta sentencia es una llamada de atención a futuros compradores de viviendas denunciadas en el sentido de que pueden llegar a perder el dinero que inviertan. Esta sentencia supone atacar a las construcciones ilegales desde el lado de la demanda, lo que quizás consiga impedir que se lleven a efecto.

Lo que no debe servir la sentencia es de excusa para el Gobierno de Cantabria y para los ayuntamientos -no sólo el de Arnuero, sino todos en general- para, ya que no tienen que pagar las indemnizaciones, dejar las cosas igual. El Gobierno regional y los ayuntamientos deben extremar sus precauciones y ser exquisitos en el cumplimiento de la legalidad en la tramitación de las licencias de construcción para evitar que se produzcan casos como el presente, con el importante perjuicio económico que se ha derivado para unos ciudadanos (para ver su versión de lo ocurrido www.monigotesdeisla.com), en parte por no haber sabido parar en su debido momento una construcción que no cumplía la legalidad vigente. Esperemos que el Plan de Ordenación del Litoral en elaboración contribuya a que no se repitan nuevos casos.

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