DE IMPUESTOS

El Gobierno central ha aprobado, con el apoyo de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular más la de Cataluña, un nuevo recargo en el impuesto sobre la gasolina cuya finalidad va a ser, oficialmente, la financiación de la sanidad. Esta finalidad viene determinada porque es la aceptada por la Unión Europea; si ésta aceptara otros fines distintos, probablemente no se hubiera atribuido esta concreta finalidad a este recargo.

En realidad, el recargo parece que viene a aportar los fondos necesarios al Estado para cubrir los menores ingresos que se van a obtener respecto a los inicialmente previstos, como consecuencia de los ajustes a la baja realizados en las estimaciones del crecimiento que se espera para el próximo año. A esa conclusión conduce el hecho de que se apruebe el recargo ahora, con el proyecto de presupuestos del 2002 ya presentado en las Cortes desde hace casi dos meses y tras el reconocimiento por diversos organismos internacionales, y por el propio Gobierno posteriormente, de que las tasas de crecimiento no llegarán a las utilizadas para preparar dicho proyecto.

Es cierto que la solución buscada hace a las comunidades autónomas -que gozarán de la posibilidad de ampliar el recargo dentro del "tramo autonómico"- más corresponsables en la financiación de lo que son -o serán dentro de poco para las que negocian ahora la transferencia- sus competencias en materia de sanidad. Sin embargo, se cuestiona desde diversos frentes el hecho de ligar la financiación de un servicio básico, garantizado por la Constitución a todos los españoles, con un impuesto sobre el consumo de combustible (consumo que, por poder, podría caer totalmente hasta dejar en nada lo recaudado) en lugar de financiarlo con los ingresos ordinarios del Estado.

Se cuestiona también la progresiva sustitución que está realizando el gobierno del Partido Popular de impuestos directos (se paga en función de lo que se gana) por impuestos indirectos (se paga en función de lo que se consume), en perjuicio de la progresividad que, según la Constitución, debe mantener el sistema tributario español. Este aumento del impuesto sobre el consumo de combustibles, de hecho, viene a cubrir la menor recaudación que, pasados los años de vacas gordas, se deriva del descenso en los Impuestos sobre la Renta y sobre Sociedades producidos estos últimos años. De estos descensos nos hemos beneficiado todos los españoles pero lo han hecho en mayor medida los que más ganan (para ingresos de más de once millones al año se ha pasado de pagar el 56% al 48%) y, si bien es cierto que tipos tan altos no era conveniente mantenerlos por el nulo estímulo que representan para que quienes tienen que pagarlos aumenten su actividad, los nuevos descensos que se anuncian en la próxima reforma del I.R.P.F. no parecen procedentes, si como consecuencia de ellos va a ser necesario aumentar otros tributos. Continuar ahondando en esa línea sí que puede llegar a ir contra lo preceptuado en la Constitución. Y, sin embargo, parece ser ésa la intención del Gobierno como lo demuestra el hecho de que en el Impuesto sobre Sociedades se incluya, a partir del año que viene, entre las empresas de reducida dimensión las que facturan manos de 830.000.000 ptas., beneficiándose por consiguiente de las ventajas de dicha consideración empresas que poco tienen de pequeñas.

En cuanto a la repercusión para Cantabria del nuevo recargo sobre el combustible hay que decir que, si bien el Gobierno cántabro -que es uno de los que ha apoyado al Gobierno central para sacarle adelante- ha manifestado su intención de no aplicar el tramo de recargo autonómico, mucho me temo que se va a ver obligado a hacerlo. ¿Por qué? Pues, por la sencilla razón de que, en las negociaciones en curso para la transferencia de las competencias de sanidad, el Gobierno central le va a recortar las cantidades de dinero que acompañan a dichas transferencias, alegando que dispone de ese recargo para completarla. Y si no es por esa vía, será por la de no hacerse cargo -el Gobierno central digo- de la financiación total de la remodelación del Hospital Marqués de Valdecilla. Me agradaría equivocarme y que realmente el Gobierno central dote adecuadamente las transferencias sanitarias y la reconstruccion de Valdecilla, pero...

Lo que sí es cierto es que, si no se ve obligado, posiblemente el Gobierno cántabro no ponga en marcha su parte del recargo, más que otra cosa, por la dejación de que ha hecho gala en estos años en materia fiscal. En efecto, Cantabria goza ya desde hace varios años de capacidad para disponer de un tramo del 30% del Impuesto sobre la Renta, al igual que la mayoría de las restantes comunidades autónomas. Pues bien, mientras todas éstas han introducido alguna deducción específica o incrementado alguna de las fijadas en el Impuesto, Cantabria no ha utilizado esa facultad lo que no deja de ser triste cuando es uno de los medios más claros de que dispone un Gobierno para dejar claro cuáles son sus políticas. Pienso, por ejemplo, en un aumento de la reducción por hijos para fomentar la natalidad en una Comunidad como la nuestra en la que la tasa de natalidad está por debajo de la ya de por sí baja tasa nacional. O en el establecimiento de una reducción para quienes viven en pueblos del interior, como medio de contribuir al mantenimiento de la población de los mísmos. Sin embargo, nada se ha hecho en la materia.

Otras comunidades, sin embargo, están tan deseosas de manejar sus tasas e impuestos que hasta pretenden establecer algunos nuevos. Es el caso de las de Extremadura o Andalucía -gobernadas ambas por los socialistas- que pretenden "castigar" a los bancos y a las grandes superficies, respectivamente, por considerar que obtienen excesivos beneficios a costa de sus usuarios y del pequeño comercio. No parece que la solución buscada sea la correcta, que debiera ir más por la vía normativa y por la de la realización de contínuas inspecciones y controles para verificar que no realizan prácticas abusivas. Los impuestos, además, acabarán repercutiéndolos a sus clientes.

Lo que queda claro de unas cosas y otras es que los finales de año, cuando los gobiernos hacen cuentas para el siguiente, pueden resultar peligrosos para nuestros bolsillos aunque no lo notemos hasta el año nuevo.